Por más que me esfuerzo, no consigo dar con una sola idea o actitud avanzada que justifique el calificativo de progresista con que se autodefine el partido socialista. Me explico. Ante el cúmulo de escándalos de que son protagonistas sus miembros más notables, con el expresidente Rodríguez Zapatero a la cabeza, me pareció imperioso acudir a la autoridad. O sea, al diccionario de la Real Academia. Y allí, en la voz progresista, encontré la siguiente definición “Dicho de una persona o colectividad: De ideas o actitudes avanzadas”. No sé muy bien qué es una idea o actitud avanzada, pero entiendo que debe de ser algo que se adelanta a su tiempo. En tal caso, aviados estamos con los progresistas que nos han tocado en suerte. Si lo que nos va a deparar el futuro es una clase política corrupta hasta la(s) ceja(s) como la que ahora nos gobierna y va dando lecciones de progresismo, más vale dejarnos de adelantos. El pasado 18 de abril, uno de sus máximos exponentes, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez ya advertía en la clausura del Global Progressive Mobilisation: “El progreso no es una garantía, el progreso no es una quimera; el progreso es una promesa”. En otras palabras, lo peor está por llegar.

De ahí que convenga fijarse en los ejemplos del ayer. Sin movernos del socialismo, ahí tenemos a Marx y sus teorías. Como decía Luis García Montero en su plañidera antisemita de este lunes, “los desenlaces tienen mucho que ver con los planteamientos”. Y que lo diga él, un comunista de pura cepa, no es baladí, por más que lo aplicara en este caso a la realidad de Palestina. Se trata de una voz autorizada, supuestamente empapada de planteamientos marxistas y conocedora de primera mano de algunos de sus desenlaces. Baste recordar su querencia por la dictadura cubana y su régimen criminal. Ni un paso atrás ha dado el director del Instituto Cervantes en su admiración por los Castro y demás ralea. Y en cuanto a las muertes causadas en todo el mundo por el comunismo –postrero desenlace, al cabo, del planteamiento marxista–, pongamos que estamos hablando de unos 100 millones. Por avanzada que fuera la idea y progresistas quienes la han adoptado en lo sucesivo, convendrán conmigo en que ya podía su progenitor habérnosla ahorrado.

Pero acaso uno de los ejemplos más próximos y reveladores que nos proporciona el pasado sea la figura de Clara Campoamor. Nadie mejor que ella encarna la figura del progresista. Y nadie mejor que ella denunciando al mismo tiempo el falso progresismo del socialismo que le tocó vivir y padecer. Quien haya leído La revolución española vista por una republicana y conozca la obra de Manuel Chaves Nogales, aunque no sea más que A sangre y fuego, habrá trazado ya la pertinente analogía y sacado sus conclusiones. Aquello de la Tercera España, que de tanto citarse para la galería parece a veces más una entelequia que una realidad, tiene en ambos escritores dos representantes de fuste.

Y en el caso de Campoamor, no sólo tiene a una escritora; también a una activista y política. Al cabo, es esa doble condición lo que sustenta su libro sobre la guerra civil. Como Chaves, Campoamor estuvo allí, es decir, en la retaguardia del Madrid republicano, los primeros meses de la contienda. Y vio lo que cuenta. Y fue lo que vio y cuenta lo que la llevó a exiliarse en septiembre de 1936. La recién publicada Letra de mujer (Renacimiento, 2026), que reúne la correspondencia de las españolas Campoamor, Carmen de Burgos y Consuelo Berges con la argentina Paulina Luisi, desde 1920 hasta 1946, incluye unas cartas de Campoamor a Luisi correspondientes al periodo de la guerra civil que resultan tremendamente esclarecedoras sobre el verdadero y el falso progresismo.

Si alguien destacó entre este grupo de feministas por sus ideas y actitudes avanzadas, esta fue Clara Campoamor. En ello le ayudó sin duda su condición de diputada en las Cortes de la Segunda República, donde encontró púlpito y mármol para su obra. Desde allí defendió la inclusión del sufragio femenino en la Constitución en contra del criterio de su propio partido, el Republicano Radical, y de diputadas como la radical-socialista Victoria Kent y la socialista Margarita Nelken, presuntas progresistas. Aunque la mayoría del partido socialista votó a favor de la inclusión, uno de sus máximos líderes, Indalecio Prieto, no participó en la votación, en desacuerdo con la iniciativa de Campoamor. Aun así, esta salió adelante, y la Constitución republicana consagró el derecho al voto de las mujeres mayores de 23 años, o, lo que es lo mismo, el sufragio universal.

Esa libertad de juicio y ese arrojo para defender sus convicciones aun en contra de las de sus propios correligionarios o de sus aliadas en la causa del feminismo se encuentran admirablemente reflejados, como decía más arriba, en su correspondencia con Paulina Luisi. Y en especial en sus últimas cartas, marcadas por el drama de la guerra de España. En 1937, tras la publicación de La revolución española vista por una republicana en su versión original francesa, Campoamor y Luisi –la primera exiliada en Lausana, la segunda residente en Montevideo– cruzaron unas cartas en las que Luisi, recién afiliada al Partido Socialista de Uruguay, le echaba en cara a Campoamor no haberse comprometido a favor de la República y haberse mantenido equidistante entre ambos bandos. Peor aún: haber hecho público su parecer a los pocos meses de iniciada la guerra, con el consiguiente perjuicio para la causa republicana. A lo que Campoamor respondía: “No voy a recoger punto por punto sus acusaciones e invectivas, sino a resumirlas. A mí, querida Paulina, no se me pueden dar razones de cristal, como se daban cuentas a los negros a cambio de valores. Y todo eso de la democracia y de la libertad y de la justicia vinculada en los gubernamentales de España, en los rojos, como yo les llamo porque tintos de sangre los veo, si no fuera porque el dolor de España me sierra las entrañas, me haría lanzar carcajadas desaforadas. Para mí no puede ser democracia, ni libertad, ni justicia, el asesinato, el robo, el pillaje, la violación, el atropello, la ausencia total de poder y de autoridad. Todo ello anterior a la revuelta militar y causa de ella, aunque ustedes no quieran oírlo. Y afortunadamente que contra eso se ha levantado alguien, porque si no estaríamos a la altura de la desgraciada Rusia”. Y concluía: “Yo no he cambiado una tilde, mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal (…)”

Soy consciente de que los socialistas de hoy autoproclamados progresistas no son ya los marxistas de antaño. Al menos en la Europa de la Unión. Pero otra cosa es Latinoamérica. La gran mayoría de los líderes que acompañaban a Sánchez en su baño de masas de la Global Progressive Mobilisation eran latinoamericanos que han bebido de ideas retrógradas y fracasadas, derivadas en algún caso en dictaduras. Y a todos, empezando por el anfitrión, podría espetar la progresista Campoamor, de seguir entre nosotros: “Yo no he cambiado una tilde, mis ideas son siempre muy firmes. Yo soy demócrata, liberal”. 

Dudo que alguno encontrara razones para replicarle.

En tiempos ya pretéritos hubo entre lo que se entiende por comunidad educativa –sindicatos docentes, asociaciones de padres de alumnos, representantes de centros privados y concertados y editores de libros de texto, principalmente– un deseo ferviente de alcanzar con la administración un pacto educativo. El propósito era encomiable. Se trataba de alcanzar un gran acuerdo que desembocara en una ley suscrita por una mayoría sustantiva de las fuerzas parlamentarias y cuya vigencia no dependiera de los azares de las urnas, sino que los trascendiera. Este era el compromiso; de ahí que se hablara de una ley que tuviera una duración de por lo menos diez años. Ciudadanos, que por entonces había irrumpido con determinación en la política española, era el abanderado del pacto. Su iniciativa, además, se ajustaba como un guante a aquello que lo había traído al mundo: servir de engarce con uno de los dos partidos mayoritarios para hacer posible un gobierno que no dependiera del acostumbrado chantaje de las formaciones nacionalistas y aplicar, en la medida de lo posible, los principales puntos de su programa electoral. La consecución del pacto educativo lo era. Y la ocasión, con un gobierno del Partido Popular apoyado en el Congreso por el propio Cs, favorecía sin duda el propósito. Es más, el otro gran partido de la Cámara, el PSOE, se hallaba entonces, por así decirlo, en barbecho tras la dimisión de Pedro Sánchez después del rocambolesco Comité Federal –el de la urna fantasma– que llevaría a la formación de una Gestora presidida por Javier Fernández y, poco después, a la convocatoria de unas nuevas primarias que se saldarían con el retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general del partido.

Esas circunstancias facilitaron la creación en el Congreso de una comisión en la que estuvieran presentes todas las fuerzas parlamentarias. Y, entre ellas, un PSOE que había permitido con su abstención la investidura de Mariano Rajoy y ahora parecía dispuesto, a juzgar por la actitud de sus representantes en el transcurso de las sesiones de trabajo de la comisión, a colaborar en la consecución del objetivo. Pero la esperanza de alcanzarlo duró lo que tardó Sánchez en volver a la secretaría general. Nada más retomar el mando del partido, cambió al portavoz de la Comisión de Educación del Congreso –en cuyo seno tenían lugar las sesiones de la comisión recién creada–, sustituyendo a un catedrático de universidad por una sindicalista asamblearia. El camino hacia la obstrucción y posterior derribo cuando sólo faltaban por aprobar las conclusiones de la comisión estaba trazado. Para el partido socialista, la enseñanza no podía ser materia de acuerdo entre las partes. La opinión de la comunidad educativa importaba más bien poco, por no decir nada, a un partido empeñado en demoler la ley entonces vigente, la Lomce, y reemplazarla por una nueva con marchamo izquierdista y las habituales concesiones, cada vez mayores, al nacionalismo vasco y catalán. Pero para eso había que alcanzar el gobierno y una mayoría suficiente en las Cortes. Lo primero lo logró Sánchez con la moción de censura de junio de 2018; lo segundo, en noviembre del año siguiente, cuando los resultados electorales y el posterior acuerdo de gobierno con Podemos le permitieron asentarse en el poder.

Dicho lo cual, alguien podría creer que esa querencia de los socialistas y demás izquierda por el control de la educación es algo de ayer o de anteayer. En modo alguno. Se fraguó en los años ochenta del pasado siglo, y se plasmó en los noventa, con la aprobación de la Logse (1990). Luego, ya en el presente siglo, primero la Loe (2006) y después la Lomloe (2020), también conocida como ley Celaá, terminaron el trabajo. Se me dirá que entremedias hubo dos leyes promulgadas por gobiernos del PP. Cierto. Pero al contrario que las gestadas y alumbradas por el PSOE, estas –la Loce (2002) y la Lomce (2013)– apenas superaron la primera infancia. Nada más volver al gobierno, el PSOE las derogó. Puede por tanto establecerse entre la Logse y la actual Lomloe una línea del tiempo casi sin solución continuidad. Y los resultados, a la vista están.

Ni siquiera hace falta acudir a la tozuda evidencia de las evaluaciones internacionales. Hemos sabido recientemente que en las oposiciones a docentes de Primaria y Secundaria el porcentaje de suspensos ha alcanzado en algunas comunidades autónomas los dos tercios de los aspirantes, debido en parte a las faltas de ortografía cometidas. Algo que se ha detectado en particular en los aspirantes más jóvenes. Se trata, pues, de opositores formados –o deformados, como prefieran– ya en el actual sistema educativo, donde las sucesivas legislaciones han ido rebajando, una tras otra, los niveles de exigencia más elementales, a sobreproteger a los alumnos, a eximirles de toda responsabilidad. Y estos no han tardado en aprender la principal lección: si puedo pasar de curso con asignaturas suspendidas, ¿por qué voy a perder el tiempo esforzándome en aprobarlas?

Aun así, lo más preocupante no es que algunos de esos opositores hayan escrito, por ejemplo, globo con uve; al fin y al cabo, son jóvenes y estarán acostumbrados a telefonear a Glovo, esa empresa de comida rápida servida a domicilio. Lo que ya no tiene pase, o no debería tenerlo, es que se hayan presentado a reclamar en desacuerdo con la puntuación recibida –en según qué comunidades autónomas las faltas de ortografía penalizan– acompañados de sus padres. Claro que en eso, al menos, la culpa anda repartida.

De dónde vienen los "glovos"

    17 de julio de 2026